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Actualidad informativa

17 de enero de 2017

16 de enero de 2017

SUCESOS

Una mujer de 67 años, primera víctima

mortal del amianto en Euskadi en 2017 María Begoña I.L, falleció el pasado día 11. Había trabajado en la

empresa vizcaína Estampaciones Panera

Una mujer de 67 años falleció la semana pasada a consecuencia de un

mesotelioma, por su exposición al amianto durante su vida laboral, con lo que se

ha convertido en la primera víctima mortal de este producto cancerígeno en

Euskadi en 2017, según la asociación Asviamie.

Fuentes de Asviamie, Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, han

explicado que la mujer, María Begoña I.L, falleció el pasado día 11 y que había

trabajado en la empresa vizcaína Estampaciones Panera. Asviamie contabilizó el

pasado año un total de 29 fallecimientos en el País Vasco por exposición al

amianto.

17 de enero de 2017

GIPUZKOA

Apagado o fuera de cobertura por

desconexión laboral

La medida aprobada en Francia es aplaudida por muchos trabajadores a los que les gustaría poder apagar sus ‘smartphones’ durante su tiempo libre

Francia reconoce por ley el derecho a la desconexión laboral de los trabajadores. La

nueva legislación que ha entrado en vigor en enero, dictamina que en una empresa de

más de cincuenta trabajadores, el jefe no se podrá poner en contacto con un empleado

por un asunto relacionado con el trabajo fuera del horario laboral. Una medida

aplaudida por muchos trabajadores a los que les gustaría poder apagar sus

‘smartphones’ durante su tiempo libre.

17 de enero de 2017

Política

El Gobierno vasco urge a preparar el relevo

generacional de los funcionarios

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco. / JESÚS ANDRADE

El 68% de los empleados públicos llegará a la edad de jubilación antes de

2030

La consejería de Gobernanza Pública presentará durante la legislatura

2016-2020 al menos tres leyes para impulsar un nuevo modelo de gestión

de la Administración vasca. Más que eso, Josu Erkoreka reclamó ayer «un

cambio de paradigma» para llevar a buen puerto el «principal desafío» de

su departamento: «acoplar la administración a la ciudadanía

contemporánea». Además de impulsar las relaciones con la sociedad y

promover las gestiones electrónicas –se ahorran 75 euros respecto a cada

cita presencial–, durante los próximos años se van a presentar varias

normas para rejuvenecer el cuerpo de funcionarios y facilitar la conciliación.

O lo que es lo mismo: atacar el progresivo envejecimiento de la sociedad y

la baja natalidad, dos de los grandes quebraderos de cabeza que tendrá el

País Vasco a corto plazo.

La primera norma será una nueva Ley de Empleo Vasco, que renovará las

bases laborales de los funcionarios. Los diagnósticos realizados el pasado

curso revelan que la tasa de interinidad es muy elevada, que sigue

habiendo situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en el

reparto de puestos de trabajo y que la plantilla está envejecida. Erkoreka ve

«inaplazable» el inicio de los contactos con los sindicatos para definir los

pormenores de la norma y abordar un relevo generacional inminente. De

los, aproximadamente, 70.000 funcionarios vascos unos 9.000 habrán

dejado su puesto antes de que acabe la legislatura y el 68% –unos 48.000–

estarán jubilados para 2030.

La otra gran prioridad será facilitar la conciliación laboral en una

administración «feminizada» pero en la que «las mujeres tienen mayor

inestabilidad laboral» y menor salario «no porque cobren menos sino

porque acaban ocupando puestos de menos categoría pese a poder elegir».

Se calcula que el 87% de las medidas de conciliación en la Administración

vasca las piden ellas. Además del teletrabajo, al que se pueden acoger los

funcionarios desde 2013, la nueva ley incorporará nuevas medidas que

Erkoreka no reveló ayer.

Evitar duplicidades

La segunda ley que presentará el equipo de Erkoreka se denominará

‘Organización y Funcionamiento del Sector Público Vasco’, y unificará la

«dispersa» normativa que regula el sector con el objetivo de elevar el

control financiero y presupuestario de empresas y fundaciones públicas, así

como promover la racionalización evitando duplicidades de cargos. Por

último, la Ley de Transparencia fomentará la regeneración democrática y

elevará el control sobre los cargos públicos y sus agendas para poner coto a

las controvertidas ‘puertas giratorias».

17 de enero de 2017

Economía

FORO DE DAVOS 2017

Madrid es la sexta ciudad del mundo que

mejor gestiona el talento

El índice de competitividad laboral de Insead y Adecco lo lidera Suiza.

España en conjunto sube a la posición número 35

Las Cuatro Torres de Madrid. A la derecha, la Torre Cepsa

España no destaca entre los países de su entorno a la hora de captar, desarrollar y

retener el talento de los profesionales más punteros, aunque algunas de sus

ciudades sí despuntan. España en conjunto aparece en el puesto número 35 del

Índice de Competitividad por el Talento Global (GTCI) de 2017, elaborado por

Adecco en colaboración con la escuela de negocios francesa Insead y el Human

Capital Leadership Institute y presentado hoy en Davos (Suiza) como antesala

del foro que reunirá a partir de mañana a los líderes mundiales. Avanza una

posición, ya que en 2016 era la 36. Sin embargo, cuatro de sus ciudades se

posicionan mucho mejor: Madrid, Bilbao, Barcelona y Zaragoza se sitúan entre

las 30 primeras capitales del mundo. En concreto, Madrid ocupa la sexta plaza y

es la única gran metrópoli junto a París que lidera el ranking; Bilbao se sitúa en

la posición número 18, Barcelona en la 20 y Zaragoza en la 30 de las 46 urbes

estudiadas. España es el único país que logra colocar cuatro ciudades dentro de

los puestos destacados de la clasificación.

Copenhague se ha convertido en la capital del mundo más atractiva

para los profesionales innovadores.

El indicador refleja que las ciudades con menos de dos millones de habitantes,

gracias a la conectividad del transporte y las comunicaciones y a una mayor

calidad de vida, tienen mejor comportamiento que las grandes capitales a la hora

de facilitar, captar, desarrollar y retener el talento y sus habilidades técnicas y

profesionales y de conocimiento global, las seis variables que evalúa el GTCI. A

excepción de San Francisco, Madrid, París y Los Ángeles.

La capital española es la séptima ciudad de las estudiadas en crecimiento del

talento y Bilbao y Barcelona figuran en el top diez en materia de retención de

profesionales. Y es que, según el consejero delegado mundial de Adecco, Alain

Dehaze, "en las últimas décadas, en todas las partes del mundo, las ciudades y los

municipios han asumido una posición destacada y han adoptado estrategias

proactivas para captar al talento". Las urbes de menores dimensiones están

ganando la batalla a las metrópolis porque desarrollan programas para atraer

cerebros que contribuyan al desarrollo local, entre otras cosas porque son más

ágiles e innovadoras a la hora de ponerlos en marcha que los estados y "el

cambio político en el ámbito del empleo requiere ecosistemas dinámicos, con una

estrecha colaboración entre gobierno, empresas y educación", dice el informe.

Porque los mejores profesionales ya no se trasladan a los grandes centros de

empleo, sino que los trabajos viajan allá donde está el mejor talento. Por eso, a

las ventajas fiscales y las ofertas de terrenos que suelen ofrecer las capitales para

atraer profesionales cualificados, deben sumarse ahora la conectividad y una

cantera de talento local destacable.

Copenhague se ha convertido en la capital del mundo más atractiva para los

profesionales innovadores. Es la primera del índice. Seguida de Zúrich, Helsinki,

San Francisco, Gotemburgo y Madrid. Se trata de centros de talento emergente,

según Insead y Adecco, que impulsan la innovación, la inversión extranjera y el

desarrollo económico local. Y, por supuesto, atraen a compañías importantes

hacia sus polos. De hecho, se espera un desplazamiento de sedes corporativas

globales y centros de I+D hacia ellos.

España no sale bien parada en el indicador en lo que se refiere a reclutar a los

mejores cerebros debido a las dificultades regulatorias a la hora de contratar y a

la fiscalidad. Sí lo hace cuando de permitir crecer a los profesionales en su

profesión y retenerlos en su empresa se trata. Es el quinto país en matriculados en

educación superior y el sexto por calidad de sus escuelas de negocios.

El país necesita mejorar en competencias tecnológicas, puesto que su calificación

en el uso de redes sociales por parte de los trabajadores, la innovación personal y

la colaboración entre empleados y entre empresas no gozan de una buena

calificación. También suspende en espíritu emprendedor.

El GTCI lo lidera Suiza, al igual que en 2016. Singapur, Reino Unido, Estados

Unidos y Suecia son los siguientes países que mejor gestionan a sus fuerzas

laborales. Destacan las posiciones alcanzadas por naciones como Nueva Zelanda

(14), Emiratos Árabes (19) o Qatar (21), muy por encima de la española,

superada también por naciones mucho más pequeñas y desarrolladas

económicamente como Irlanda, Estonia, Malta, Eslovenia, Chipre o Chile.

La siniestralidad laboral se enquista en el

campo

Mientras los accidentes laborales mortales descienden en todos los sectores, en la agricultura están creciendo. La avanzada edad de los agricultores y la alta temporalidad, entre las principales causas.

El sector agrario, ganadero, silvícola y pesquero lidera en solitario el incremento de los accidentes laborales con resultado de muerte en nuestro país. Tan solo en los nueve primeros meses del año, han perdido la vida 53 personas, diez más que en el mismo periodo del año anterior. De hecho, el primario es el único sector en el que han crecido los siniestros mortales en jornada de trabajo en lo que va de año, un 23 por ciento, frente a las bajadas en Construcción (25,5 por ciento), Industria (24%) o Servicios (0,6%).

La gravedad de la situación queda reflejada también por el índice de incidencia -siniestros registrados al mes por cada 100.000 trabajadores- de este tipo de accidentes. En el sector agrario es del 0,932 frente al 0,441 o al 0,616 de la Industria o la Construcción, respectivamente. En el campo, este índice se mantiene prácticamente inalterable desde 2006, frente a las caídas generalizadas en el resto de actividades, según el avance de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A las víctimas mortales en jornada laboral registradas en el sector agrario durante este año, hay que sumar las 18 producidas en itinere, cifra similar al de la Industria, aunque muy por debajo de los 65 del sector Servicios.

La mayoría de los accidentes graves y mortales que se registran en el campo están relacionados con la utilización de maquinaria agrícola. "El 70,1 por ciento de los accidentes mortales son provocados por el vuelco del tractor. La principal causa es la antigüedad de los vehículos, los tractores estrechos con estructura de protección homologada abatible y que en el 95 por ciento de los casos la estructura va abatida durante el desarrollo del trabajo", explica Sandra Muñoz, coordinadora nacional de Agropreven, Asociación Nacional de Servicios de Prevención Mancomunados nacida en el seno de Asaja en 2014.

Son accidentes que, además, tienen una especial incidencia en personas mayores con tractores pequeños que están trabajando en huertas o pequeñas explotaciones. "El mayor número de agricultores está por encima de los 40 años de edad. Se necesita el relevo generacional, pero en el campo las pensiones son mínimas y los agricultores no pueden jubilarse. En este sector, uno se jubila cuando se muere", afirma Juan José Álvarez, de los servicios Laboral y Fiscal de Asaja.

"Si vuelcas con el tractor, no hay ninguna escapatoria. Tienes que ser joven para poder escapar en el momento en el que se inclina. En la zona de Calatayud (Zaragoza) todos los años tenemos alguna desgracia", explica Francisco Ponce,

miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG y productor de fruta de Aniñón, comarca de Calatayud, en Zaragoza.

El problema también está en el parque móvil antiguo y en las homologaciones de las medidas que se introducen a posteriori. "Hay agricultores que quieren legalizar sus vehículos, pero se gastan el dinero, hay que hacer mucho papeleo y luego, a lo mejor, no lo certifica la Administración. Faltan laboratorios de homologación y a la Administración le entran dudas y es entonces cuando aplica la ley pura y dura. También sucede con nueva maquinaria. Prefieren que las casas comerciales se mojen y se gasten el dinero en lugar de juntarse a ver qué se hace", explica Francisco Ponce.

Los planes Renove tampoco han sido de gran ayuda últimamente. "Dan hasta el 50 por ciento de la financiación del tractor siempre con alguna exigencia, lo que es entendible, pero con la crisis no se han puesto en marcha. Lo hemos pedido siempre. La última vez que lo daban, era más el papeleo y el esfuerzo que lo que se percibía. Lo mejor es siempre renovar la maquinaria porque ahora, incluso, se detecta si el agricultor está bien sentado, hay sensores de detección..., pero con los precios de la fruta y sin Renove, se apura todo lo que se puede", añade Francisco Ponce.

La situación con la maquinaria y, sobre todo, con los tractores, es todavía más compleja cuando se producen los siniestros. "El perito cuando ha visto una modificación mínima que no es de fábrica, ya dice que no. En los accidentes de tráfico por carretera -el tractor suele utilizarse para el trayecto de casa al campo y viceversa-, la negativa es por defecto y, si hay un accidente laboral de un trabajador, se agarran a no pagar indemnización alguna", afirma el agricultor Francisco Ponce.

Aunque los agricultores y empresas agrarias suelen tener un seguro de responsabilidad civil, lo cierto es que "tenemos conocimiento de que las aseguradoras cuando ocurre un accidente muy grave o mortal pueden poner problemas si la empresa no cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y les solicitan el plan preventivo para verificar el cumplimiento de la misma", añade Sandra Muñoz, de Agropreven.

A todo ello hay que añadir que no siempre se emplean los elementos de seguridad. "Sí hay personas que llevan las medidas de protección, pero no se las ponen porque son incómodas, se rompen las ramas... El cinturón de seguridad, por ejemplo, no se usa porque hay que estar subiendo y bajando para soltar ramas. Hay mucha confianza en que no va a pasar nada. No se pone en práctica lo que se sabe, aunque se tenga formación. Se tiene más precaución cuando llevan trabajadores contratados", incide Francisco Ponce, de UAGA.

El tractor no es el único problema para frenar la siniestralidad. Otro de los factores que hace más difícil atajarla son los diversos cultivos y las diferentes labores a realizar en ellos, por lo que se han puesto en marcha diversas iniciativas. Un ejemplo de ello es la actividad desarrollada por COAG, en colaboración con Asaja y las secciones sectoriales de UGT y CCOO.

"Desde hace unos tres años nos estamos centrando en subsectores, porque antes los estudios eran más generalizados", explica Paz Martín, técnica de Prevención de Riesgos Laborales de COAG.

"Este año, hemos hecho cinco folletos en los que se han analizado riesgos en cada subsector como el viñedo, olivar, cultivos bajo abrigo, frutales y ganadería. Todos los

subsectores tienen problemas y los riesgos son muchos y difíciles de controlar porque vienen por el clima, la maquinaria, la disparidad de terrenos, el trabajo rápido a destajo... En el sector se asume que hay riesgos que no se pueden evitar", añade Paz Martín, quien también pone el foco de atención en los problemas y enfermedades músculo-esqueléticas que se producen y que muchas veces no se contemplan a pesar de su alta incidencia.

Desde CEOE Aragón, a raíz de un convenio con el Gobierno aragonés para la prevención de riesgos laborales, también se está trabajando en esta línea para lo que se están llevando a cabo diferentes talleres para "ver las causas reales, más allá de lo que reflejan las estadísticas, y desarrollar metodologías de trabajo, porque el sector agrario tiene unas condiciones distintas. Además, muchos accidentes se contabilizan como caseros, aunque son derivados del trabajo como los que se pueden producir al arreglar la maquinaria", explica Loreto Beltrán, técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE Aragón.

Estos talleres ya han dado algunos resultados. Por ejemplo, en las explotaciones de cereal y alfalfa de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se ha observado que uno de los problemas más importantes son los aperos, porque "si pesa 1.000 kilos, el tractor no puede con él, no está preparado", mientras que en Alcañiz (Teruel) se ha observado que las mujeres extranjeras que trabajan en la recogida de fruta "intentan ahorrar todo lo que pueden, no se alimentan bien, y se producen muchos desmayos".

El problema de la temporalidad

La alta temporalidad es otro de los problemas del sector, al igual que el cerca del 25 por ciento de trabajadores extranjeros. Los empleados se contratan por campaña y "para cada una hay que hacer un reconocimiento al trabajador y es un gasto bestial al año", expone el agricultor Félix Bariain.

Este reconocimiento cuesta entre 45 y 50 euros, teniendo el hándicap de que, una vez hecho, la persona contratada, si consigue un salario mayor en otra finca, se va sin acabar la campaña, lo que también puede suceder cuando se ha invertido en formarles.

Precisamente, impartir los conocimientos es además complejo. "Si se contrata para tres días a un trabajador, hay que sacar tiempo para formarle y es algo prácticamente imposible porque se lleva casi un día de los tres", aclaran desde CEOE Aragón, que abogan por buscar mecanismos para que los trabajadores tengan una formación mínima.

Desde Agropreven también se quiere proponer al Magrama que se haga una normativa que beneficie al empresario y al empleado por la que "el trabajador sea el que tenga el conocimiento y la formación, que le sirva para trabajar en las explotaciones. Se hace en otros sectores", añade Félix Bariain.

A ello se añade una legislación obsoleta, su no aplicación a los trabajadores autónomos y normas que tratan igual a un agricultor con uno o dos empleados que a una empresa agrícola que contrata 200. De hecho, "el mayor problema es la propia normativa, ya que las peculiaridades del sector impiden su cumplimiento", apunta Sandra Muñoz, que reivindica una normativa específica: "Una posible herramienta podría ser la existencia de un convenio sectorial a nivel nacional que ayudara a regular determinados aspectos de la ley", destaca.

Pasividad ante la baja cualificación de los

parados del «boom» En los dos últimos años el empleo en el ladrillo se ha mantenido gracias a la inversión residencial

La mayoría de los desempleados de la construcción tiene un nivel de estudios básico

El sector de la construcción ha sufrido el mayor azote de la crisis económica dejando a

miles de trabajadores desamparados, víctimas de la «burbuja inmobiliaria» y con difícil

recolocación por su baja cualificación. Su punto más álgido de destrucción de

empleo lo alcanzó en 2008, con más de 500.000 empleos perdidos en un sólo año y

a pesar de haberse recuperado algo, hoy en día hay 1,1 millones afiliados menos que

hace nueve años, hasta contabilizarse un total de 699.594 en diciembre de 2016 en el

régimen general. El récord de afiliados se remonta a julio de 2007, con 1,9

millones de cotizantes. Fueron los extranjeros las mayores víctimas de la debacle de

este sector y si en 2007 suponían casi el 20% del total de empleados del ladrillo, en

2016 representan el 10%, 90.000.

Atrás quedaron los buenos sueldos y las 14 pagas al año, con «derechos a parte»,

como explica Luis Benito Moreno, gruista y pintor. Trabajaba para varias empresas

cuando se quedó en paro donde ha estado siete años. Tiene 45 años y explica que

«las cosas no han vuelto a ser como antes». Se ha recolocado en el sector, pero en

«unas condiciones mucho peores que cuando el “boom inmobiliario”». Algo derrotista,

observa el panorama con bastante desolación. Ha pasado, como tantos otros como él,

por la Fundación Laboral de la Construcción, donde consiguen reciclarse gracias a los

cursos de formación que ofrece esta entidad, creada en 1992 por la patronal y los

sindicatos del sector. La mayoría tiene un nivel de estudios básico y entre 36 y 55

años. Las acciones formativas más cursadas por los parados en la Fundación están

relacionadas con la prevención de riesgos laborales. El director de la Fundación,

Enrique Corral Álvarez, se lamenta porque «el sector ha sufrido la mayor

reestructuración de la historia sin apenas ayudas públicas». Hoy en día las

subvenciones que recibe este organismo para los cursos de formación representan

sólo el 20% del total de sus ingresos frente al 70% que suponían en 2010. «Han

disminuido también las cuotas empresariales lo que no ha contribuido a la

recualificación de estos trabajadores», explica Corral Álvarez.

Ignacio Tornos también ha sido víctima de la crisis del ladrillo. Trabajó en el sector

hasta 2011. Montó su empresa, pero «un día la cosa no se sostuvo y tuve que cerrar y

reciclarme. Me quedé en la estacada un año y ahora estoy en el sector de la

formación. Soy licenciado en Ciencias Empresariales y he podido dedicarme a otra

cosa». Señala que no volverá a trabajar en el sector del ladrillo, un mundo que califica

de «muy duro». La construcción ha pasado de ser la niña bonita de la economía a la

más fea, hasta experimentar, en el tercer trimestre de 2016, un descenso de la

inversión pública del 30%, intensificando la caída del 6% del periodo precedente,

según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De mantenerse la intensidad

del ajuste observado, cabe estimar que la inversión pública finalizará 2017 en sólo el

1,9% del PIB. «La continuidad del proceso de consolidación fiscal, con el compromiso

de reducir el déficit público en 1,5 puntos de PIB (del 4,6% del PIB al 3,1% del PIB), y

la necesidad de contener el elevado endeudamiento de las Administraciones Públicas

(superior al 100% del PIB) dibuja una perspectiva poco favorable para la inversión

pública. En el mejor de los escenarios se pueden estimar niveles similares o incluso

ligeramente inferiores a los observados en 2016», aseguran fuentes empresariales.

Si en los dos últimos años el empleo en este sector se ha mantenido, con 77.249

parados menos en diciembre de 2016, a pesar de seguir ostentando el segundo

puesto con más desempleados, después del sector los servicios, ha sido gracias a

la remontada de la inversión de los hogares, mayoritariamente en vivienda residencial.

En octubre, los visados de vivienda nueva volvieron a crecer con intensidad, hasta los

53.000, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior. Este registro asegura

un nivel próximo a los 70.000 visados a finales de 2016. «Unos niveles todavía bajos

comparados con los volúmenes previos a la crisis, pero las perspectivas auguran una

aceleración de la actividad a lo largo del 2017», aseguran fuentes del sector.

Itinerarios

¿Cómo ayudar a los desempleados de la construcción a recolocarse? Según los

expertos queda mucho camino por recorrer y entre las recetas está reforzar

las políticas activas de empleo, proporcionar orientación laboral y mejorar la

colaboración público-privada. En opinión de Carlos Martínez, director general de

IMF Business School, «no ha existido un plan de choque por parte de los servicios

públicos de empleo para que los desempleados de este sector se recoloquen».

Valentín Bote, director de Randstad Research, opina que un factor clave es la

recualificación. «El sector de la construcción está creciendo en este último año. Y crea

empleo. Pero no se atisba en el horizonte una recuperación de los niveles de empleo

previos a la crisis, por lo que recualificarse será fundamental para salir de esta

situación. En este sentido es importante identificar cuáles son los ámbitos con

potencial de creación de empleo en los que cada uno de estos profesionales podrá

encajar en un futuro, llevar a cabo un diagnóstico realista de las carencias formativas y

acometer estos programas de formación tan pronto como sea posible. Salvo que

vuelva a generarse otra burbuja inmobiliaria en España, parece muy improbable que

muchos profesionales no cualificados que estuvieron trabajando en el sector de la

construcción vuelvan a trabajar de manera estable en dicho sector».

A día de hoy, España cuenta con una cifra elevada de paro estructural. Según datos

de la Encuesta de Población Activa (EPA), alrededor del 47% de los parados son de

larga duración. El principal reto al que se enfrenta nuestro país es la erradicación de

este tipo de desempleo. «España necesita seguir trabajando en la disminución de

dichas cifras. En un país como el nuestro, donde el paro es tan elevado y los servicios

públicos de empleo apenas colocan al 2% de los parados, se debería reconsiderar el

funcionamiento de los mismos, así como hacer una reforma valiente del actual modelo

de políticas activas», concluye Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de

Randstad.

INFORMAZIO TEKNIKO ETA ZIENTIFIKOA

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INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

“Guía de valoración de incapacidad laboral temporal para médicos de

atención primaria”

Resumen:

La Incapacidad temporal es la situación en la que un trabajador, afectado por una

enfermedad o un accidente, no puede desempeñar las tareas de su trabajo

habitual. Tal situación conlleva una pérdida de ganancia que, en nuestro sistema de

Seguridad Social, se ve compensada por una prestación económica. El adecuado

manejo de la incapacidad temporal, entendida como prescripción de un período de

abandono del puesto de trabajo, emparejada a la asistencia sanitaria necesaria

para la recuperación del trabajador, es fundamental para mantener la equidad,

justicia y sostenibilidad de esta prestación de nuestro sistema de Seguridad Social.

El gasto en prestaciones económicas de incapacidad temporal supone una partida

muy relevante de los presupuestos generales del Estado destinados a la Seguridad

Social. A finales del mes de diciembre de 2015, la prevalencia mensual media de

incapacidad temporal en España fue de 26,5 procesos por cada mil trabajadores,

que supuso unos 390.000 procesos al mes.

“Guía Práctica de Salud Laboral para la valoración de: Aptitud de

trabajadores con riesgo de exposición a carga física”

Resumen:

Inmediatamente después de la celebración del Congreso Nacional de Medicina del

Trabajo de 2014 organizado por la Asociación Española de Medicina del Trabajo

(AEEMT), www.aeemt.com, en nuestra Asociación un grupo de profesionales de la

Medicina del Trabajo nos planteamos como objetivo prioritario las medidas

preventivas más correctas a establecer en los trabajadores expuestos a riesgo de

«Carga Física», dada la diversidad de situaciones y problemática que suscita en

toda nuestra población trabajadora dicha temática, así como por abarcar a todos

los diferentes sectores de actividad.

Para ello creamos un grupo de trabajo multidisciplinar que integró a profesionales

de Prevención de Riesgos Laborales, tanto profesionales Técnicos como Sanitarios,

que desempeñasen su actividad laboral en Servicios de Prevención Propios del

ámbito sanitario, de grandes empresas, Sociedades de Prevención y Servicios de

Prevención de Ajeno.