aportes a ong 2011 - 2015

Aportes a O N G 2011 - 2015

ACTUALIDADPágina 2 / guatemala, 17 de diciembre de 2015

Aportes a ONG, 2011 - 2015

desde 2011, el estado ha destinado Q4 mil 219. 2 mi-llones a Organizaciones no gubernamentales (Ong), sin que exista mecanismo de fiscalización que ga-rantice el uso transparente de los fondos concedidos y que se cumpla con los re-sultados propuestos.POr redacción la [email protected]

Listado de las ONG asignadas desde el 2011: El poder de la información

para que usted pueda fiscalizar

De acuerdo con infor-mación proporciona-da por Finanzas, los

aportes a ONG se han venido reduciendo desde 2011, cuan-do la asignación fue de Q1 mil 7 millones 600 mil. En 2012 los aportes bajaron a Q778.4 millo-nes, y en 2013 subieron a Q905.2 millones; nuevamente, en 2014 se redujeron a Q840.3 millones, mientras que hasta octubre de 2015 se habían desembolsado Q687.7 millones.

Sin embargo, el analista Ren-zo Rosal, advierte la asignación del gasto a través de las ONG no se realiza en base a criterios técnicos, lo cual impide seguir la pista al dinero público como corresponde.

Las entidades que más fondos han destinado a las ONG en los últimos cinco años son el Minis-terio de Salud, con un total de Q1 mil 918.4 millones; el Ministerio de Comunicaciones, con Q900 millones; Obligaciones a Cargo del Tesoro, con Q665.2 millones; Educación, con Q305.2 y Agri-cultura, con Q166.5 millones.

Las recién aprobadas reformas a la Ley de Contrataciones del Estado imponen nuevas limi-taciones sobre los aportes a las ONG, lo cual, para el contralor Carlos Mencos, permitirá mayor control sobre las mismas. “Aun-que concuerdo en que antes exis-tían vacíos legales que impedían que nuestra labor no fuera más efectiva, ahora afortunadamen-te, la fiscalización de las ONG se van a intensificar más con las reformas a la Ley de Contrata-

ciones recién aprobadas. Perso-nalmente voy a examinar cada una de las asignaciones este año para evitar que estas instituciones sigan haciendo obra gris, que es a lo que me he opuesto siempre”, dijo Mencos.

Los aportes de fondos públicos para las ONG y Organismos In-ternacionales en 2016 se proyectó

en los Q1 mil 572 millones. El lis-tado elaborado por el Ministerio de Finanzas no fue evaluado ni modificado por la Comisión de Finanzas del Congreso y su de-talle tampoco fue incluido en el dictamen de Presupuesto.

Pese a las declaraciones del contralor, para Renzo Rosal, es evidente que hay limitaciones

de orden institucional así como carencia de recursos que dificul-tarán un verdadero control sobre la ejecución y los resultados del desempeño de las ONG.

En un esfuerzo por fisca-lizar estas asignaciones, La Hora solicitó al Ministerio de Finanzas el listado de las ONG beneficiadas en los últi-

mos 5 años, el cual es presen-tado a continuación. Si co-noce el desempeño de buenas ONG coméntelo en las redes sociales de Diario La Hora o a través de su página web: lahora.gt, si por el contrario, identifica alguna organización que no está cumpliendo con sus fines, denúncielo.

Página 6 / guatemala, 16 De Diciembre De 2015 REPORTAJE

a pesar que desde 2013 se prohíbe contratar Organiza-ciones no gubernamentales (Ong) para ejecutar recursos del estado (con la sola excep-ción del sector salud y por un tiempo perentorio que vence en 2016) se siguen canalizan-do fondos públicos utilizando esta modalidad. a la fecha el monto de recursos asignados a Ong asciende a Q4 mil 219.2 millones. POr manuel rODrÍ[email protected]

Reportaje

ONG recibieron Q4 mil millones desde 2011, pero no se les fiscalizó correctamenteCRECE PRESIÓN PARA QUE LA CONTRALORÍA AUDITE ASIGNACIONES

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, de enero de 2011

al 31 de octubre de 2015, el gasto público ejecutado por Ministerios y Secretarías del Estado a través de ONG, en la modalidad de aportes y convenios, asciende a Q4 mil 219.2 millones.

De acuerdo con la información, los aportes a ONG se han venido reduciendo desde 2011, cuando la asignación fue de Q1 mil 7 millo-nes 600 mil. En 2012 los aportes bajaron a Q778.4 millones, y en 2013 subieron a Q905.2 millones; nuevamente, en 2014 se redujeron a Q840.3 millones, mientras que hasta octubre de 2015 se habían desembolsado Q687.7 millones.

Las entidades que más fondos han destinado a ONG en los últi-mos cinco años son el Ministerio de Salud, con un total de Q1 mil 918.4 millones; el Ministerio de Co-municaciones, con Q900 millones; Obligaciones a cargo del tesoro, con Q665.2 millones; Educación, con Q305.2 y Agricultura, con Q166.5 millones.

Según los datos de Finanzas, la Asociación de Empresas de Autobu-ses Urbanos ha sido la entidad más beneficiada durante los últimos cin-co años, ya que ha recibido Q1 mil 125.5 millones. En la actualidad, esta entidad enfrenta una investi-gación en el Ministerio Público por irregularidades encontradas por la Contraloría.

Los aportes de fondos públicos para las ONG y Organismos Inter-nacionales en 2016 se proyectó en los Q1 mil 572 millones. El listado elaborado por el Ministerio de Fi-

labores de reconstrucción. Con la agudización del conflicto armado, el actuar de las ONG disminuyó.

A finales de la década de 1990, paralelo al proceso de la firma de la paz, el funcionamiento de las ONG tuvo un auge mayor en el marco de las políticas sociales de descentra-lización.

Con las reformas del sector salud en 1996, impulsadas regionalmente por organismos multilaterales de crédito, entre ellos por el Banco In-teramericano de Desarrollo (BID), la participación de las ONG en ma-teria de salud creció, estimulando la participación de entidades privadas en la administración y prestación de servicios de salud y convirtién-dolas en prestadoras o administra-doras en el Programa de Amplia-ción de Cobertura, bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

Sin embargo, las literales e) y f) del artículo 22 del Decreto 101-97 del Congreso, Ley Orgánica del

Presupuesto, reformados en el ar-tículo 33 bis de la ley en mención, así como los artículos transitorios 76 y 77, establecen que por ningún motivo los Ministerios, Secretarías, Fondos Sociales, Fideicomisos, Entidades Descentralizadas y Em-presas Públicas, pueden suscribir convenios con administradoras de fondos financieros para la ejecu-ción a través de ONG, Organismos Internacionales o Asociaciones.

VACÍOS LEGALESRicardo Barrientos, analista del

Instituto Centroamericano de Es-tudios Fiscales -Icefi-, opina que con estas normas, especialmente el artículo 33 bis del Decreto 101-97, reformados en el Decreto 13-2013, ninguna entidad del Estado de la administración central, autónoma o descentralizada, debería contra-tar ONG, a menos que sea un apor-te que haya aprobado el Congreso (que está facultado para aprobar

aportes directos). Asimismo, el entrevistado admite

que antes de las reformas de octu-bre de 2013 a la Ley Orgánica del Presupuesto y de noviembre a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 9-2015), habían vacíos le-gales para controlar la contratación de ONG. El entrevistado fue parte del ministerio de Finanzas duran-te el Gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres.

Barrientos agrega que debido a estos vacíos legales y una gestión “laxa y deficiente” de la Contraloría General de Cuentas es que el tema de las ONG se volvió una suerte de “autopista de gran velocidad” para la corrupción, especialmente en los Consejos Departamentales de De-sarrollo.

“Si las nuevas disposiciones le-gales se aplicaran correctamente, esto ya no debería pasar, ya que el control es mucho más completo. En adelante es cuestión que la Contra-

FOTO LA HORA.

Finanzas ha desembolsado más de Q4 millardos como aportes a ONG.

nanzas no fue evaluado ni modifi-cado por la Comisión de Finanzas del Congreso y su detalle tampoco fue incluido en el dictamen de Pre-supuesto.

La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Gua-temala, afirma que en el plan de gastos del año entrante, específica-mente en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera (más conocido como Listado Geográfico de Obras), se asignaron Q13 mil 317 millones para obras, 6 por ciento menos de lo que se asignó para el 2015. No obstante, le preocupa que el 69 por ciento de estos recursos se ejecute de forma discrecional.

“Un cincuenta por ciento se ejecutará por medio de munici-palidades que se amparan en la autonomía municipal para no en-tregar información pública. Otro dieciséis por ciento será manejado por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que tienen estipulado hacerlo mediante Or-ganizaciones no Gubernamentales (ONG), las cuales han sido cuestio-nadas en diferentes oportunidades. Por último, un tres por ciento a tra-vés de fideicomisos que duplican el trabajo con los Ministerios”, explica la congresista.

Es por ello que la parlamentaria insta a la CGC para que fiscalice co-rrectamente a las empresas y ONG que ejecuten obra gris y los fideico-misos que no utilizan la Ley de Con-trataciones.

INICIOS Y RESTRICCIONESEn Guatemala, la denominación

de ONG aparece en el ordenamien-to jurídico en 2003, con la aproba-ción de la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONG), Decreto número 2-2003 del Congreso de la República.

Sin embargo, este tipo de organi-zaciones existen aproximadamente desde la década de 1950, amparadas bajo la figura jurídica de asociacio-nes civiles sin fines lucrativos y vin-culados a tareas religiosas como de asistencia en materia de infraestruc-tura, tecnología agrícola, alfabetiza-ción y educación popular.

Con el terremoto de 1976 se de-sarrolló un repunte de estas organi-zaciones, las cuales se involucran en

Guatemala, 16 de diciembre de 2015 / PáGina 7reportaje

BUSQUE MAÑANA EL LISTADO COMPLETO

Busque mañana el listado completo de las asignaciones a ONG que han realizado los ministerios, secretarios y el Estado en virtud de las obligaciones a cargo del tesoro.

Lo invitamos a que si conoce a alguna entidad que ha hecho un buen trabajo, que lo exprese y si conoce a alguna entidad que no ha manejado el dinero de manera eficiente, que lo denuncie.


gris, que es a lo que me he opuesto siempre”, enfatiza Mencos.

En cambio, para Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, no existe un mecanismo de fiscalización que garantice el uso transparente de los fondos concedi-dos a las ONG y que cumplan con los resultados propuestos.

Según el investigador, es evidente que hay limitaciones de orden insti-tucional así como carencia de recur-sos para mejorar los controles sobre la ejecución y los resultados del desempeño de las ONG, ya que la asignación del gasto a través de esta herramienta no se realiza en base a criterios técnicos, lo cual impide se-guir la pista al dinero público como corresponde.

“Es importante empezar a romper el molde de corrupción mediante estos instrumentos que en la mayo-ría de los casos, solo sirven para es-tafar al Estado. Solo con una mayor auditoría social estricta y presión mediática sobre la Contraloría Ge-neral de Cuentas, es que se va a velar por la aplicación estricta de la legis-lación nueva”, subraya el académico.

En las modificaciones hechas a la Ley de Contrataciones del Estado, uno de los principales puntos acor-dados es que los fondos públicos que ejecuten las ONG, asociaciones legalmente constituidas o cualquier Organismo Regional o Internacio-nal, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuen-tas por el monto de los recursos an-ticipados y ejecutados.

Para tal fin, deberán proporcio-nar al mencionado ente fiscalizador toda la documentación e informa-ción que se les requiera.

COMPLICACIONES EN SALUDDebido a denuncias de anoma-

lías y supuesto incumplimiento de funciones de los trabajadores de las mismas, en diciembre de 2014 em-pezaron a ser liquidados más de 300 convenios con 60 ONG que presta-ban servicios en la extensión de co-bertura del primer nivel de atención en las áreas de salud del país.

La Copret denunció que el MSPAS suscribió más de 300 convenios con 60 ONG que excedieron en Q142 millones su disponibilidad para ese

recibe aportes de fondos públicos, pero estos sí llegan hasta ONG que tienen acciones en la casa matriz de ese medio.

El 2 de enero de 2013, el matuti-no Siglo.21 expuso en un editorial el nombre de los que entonces se-rían los nuevos accionistas de Cor-poración de Noticias S.A., la casa matriz de ese diario y de AlDía, dos medios de comunicación gua-temaltecos con circulación impresa y digital.

La Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), la Federación de Cooperativas Agrí-colas de Guatemala (Fedecoag), el Instituto de Investigación y Desa-rrollo Maya (Iidemaya) y el Con-sejo de Investigaciones para el De-sarrollo (Cideca) son los nombres que figuraron con participaciones en la empresa matriz.

En esa publicación, de hace dos años, Corporación de Noticias S.A. dejó en claro que “rechaza cual-quier presión de personas, gobier-nos nacionales o locales, partidos políticos, grupos económicos, reli-giosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses…”.

En términos oficiales, el Gobierno no tiene participación ni influencia en el diario, pero sí tiene una inci-dencia económica directa sobre dos de los socios que se sumaron como accionistas de la casa editora.

Según informes del Ministerio de Finanzas Públicas, entre 2012 y 2014, Fedecovera recibió Q 37.1 millones de recursos del Estado y Fedecoag obtuvo Q18.2 millones entre 2011 y 2014.

Con sede en Cobán, Alta Vera-paz, la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera, R.L.) es una organización cooperativa autónoma fundada el 23 de febre-ro de 1976. “Hemos contribuido a crear un entorno económico posi-tivo con el fin de mejorar los me-dios de vida de miles de pequeños productores”, señala su portal de internet.

En tanto, Fedecoag es una organi-zación cooperativa especializada en el sector agroindustrial, pecuario y comercial, con la visión de convertir a sus afiliadas en un sistema eco-nómicamente fuerte y socialmente responsable.

loría General de Cuentas aplique de forma estricta y eficaz, en especial en municipalidades y consejos de-partamentales de desarrollo. Aun-que a veces se han criticado fuer-temente las reformas recientes para fortalecer la transparencia, resulta que sí proveen el mecanismo de fis-calización que hacía falta”, expone el del Icefi.

En cuanto a términos contables y presupuestarios, el citado puntuali-za en que el problema es distinguir entre las ONG “buenas” y “malas”, es decir, entre las que continúan sirviendo a propósitos legítimos y de gran valor social, producto de la ausencia total del Estado, y la ONG contratista, receptora de fondos del presupuesto estatal para construir obras de inversión pública en in-fraestructura.

AUDITORÍA SOCIALTras la aprobación del Presu-

puesto General de la Nación 2016, el Contralor General, Carlos Men-cos, evitó pronunciarse al respec-to, ya que indicó, debe revisar los términos del mismo; sin embargo, recalcó que en el tema de las Or-ganizaciones No Gubernamentales (ONG), estaría a favor de aquellas que tienen que ver con la amplia-ción de cobertura en salud y educa-ción, pero no de obra gris.

El desacuerdo del Contralor con esta forma de ejecución de recursos públicos se debe a la mala experien-cia en donde varias ONG han deja-do abandonados los proyectos.

Cabe mencionar que previo a la discusión y aprobación del proyec-to de gastos, el funcionario solicitó al presidente Alejandro Maldonado Aguirre, promover acciones conjun-tas para eliminar del marco jurídi-co nacional, la potestad de ejecutar obra gris o programas sociales por parte de ONG, para que únicamente apoyen en programas de ampliación de cobertura en Salud y Educación.

“Aunque concuerdo en que antes existían vacíos legales que impe-dían que nuestra labor no fuera más efectiva, ahora afortunadamente, la fiscalización de las ONG se van a intensificar más con las reformas re-cién aprobadas. Personalmente voy a examinar cada una de las asigna-ciones este año para evitar que estas instituciones sigan haciendo obra

rubro, pues comprometió Q417 mi-llones, pero el techo máximo para el programa de extensión era de Q275 millones.

Las ONG fueron contratadas a inicios del actual Gobierno para brindar servicios de atención pri-maria, con énfasis en el plan del Pacto Hambre Cero y la Venta-na de Oportunidades de los Mil Días, estrategias insignes de la administración del expresidente Otto Pérez Molina para combatir la desnutrición.

Consultado sobre esta situación, el responsable de la cartera, Maria-no Rayo, expresa que esta decisión fue tomada por autoridades anterio-res, pero que generó que el Ministe-rio durante 2015, no haya tenido la capacidad de suplir la atención en el nivel primario, lo que en parte tam-bién desencadenó la actual crisis hospitalaria.

“En este momento, solo hay dos soluciones. La primera es con-tar con más personal técnico que supla lo que dejaron de hacer las ONG. Y eso representa unos Q350 millones adicionales que no tene-mos. La otra opción es buscar un nuevo mecanismo que supla el tra-bajo del PEC, pero eso sí ya es un tema de fondo que en la transición no es fácil, sobre todo que ya es-tamos por cerrar la ejecución del presupuesto asignado este año”, co-menta el funcionario.

OTROS CASOSEn mayo de 2015, La Hora pu-

blicó que el matutino Siglo.21 no

ENTIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALMinisterio de Gobernación 8 5.7 9.5 - 9.5 32.7Ministerio de Finanzas - 0.6 0.1 0.5 - 1.2Ministerio de Educación 43.3 60.9 72.1 72.1 56.8 305.2Ministerio de Salud Pública 309.4 510.7 346.5 347.2 404.6 1918.4Ministerio de Economía 5.1 20.8 44.5 32.7 9.7 112.8Ministerio de Agricultura 27 19.6 36.1 48.4 35.4 166.5Ministerio de Cultura 2.4 2.8 1 - - 6.2Secretarías 3 12.1 3.1 1.4 0.4 20Obligaciones a cargo del Tesoro 255.4 145.2 64.3 64 136.3 665.2Ministerio de Comunicaciones 320 - 300 245 35 900Ministerio de Ambiente 4 - 3 4 - 11Ministerio de Desarrollo - - 25 25 - 50Ministerio de la Defensa 5 - - - - 5Ministerio de Trabajo 25 - - - - 25TOTAL 1007.6 778.4 905.2 840.3 687.7 4219.2

En millones de quetzalesDatos hasta octubre de 2015

FOTO LA HORA.

En la edición del miércoles 16 de diciembre, La Hora publicó el reportaje “ONG recibieron Q4 mil millones desde 2011, pero no se les fiscalizó correctamente”.

ACTUALIDAD guatemala, 17 de diciembre de 2015 / Página 3

Detalle aportes directos realizados aOrganizaciones No Gubernamentales - ONG -

Cifras preliminares al 31 de diciembre 2011- Millones de quetzales -



Gasto Público Ejecutado por Ministerios y Secretarías A través de ONG

En la Modalidad de Aportes y Convenios, al 31 de Diciembre de 2012- Millones de quetzales -



Detalle aportes directos realizados a Organizaciones No Gubernamentales - ONG -

Cifras preliminares al 31 de diciembre 2013 - Millones de quetzales -



Ejecución del Gasto Público a través de ONGEn la modalidad de Convenios y Anticipos Condicionados

Cifras preliminares al 31 de Diciembre 2014- Millones de quetzales -



Ejecución del Gasto Público a través de ONG en la modalidad de Convenios y Anticipos Condicionados

Cifras preliminares al 31 de octubre 2015- Millones de quetzales -



a pesar que desde 2013 se prohíbe contratar Organiza-ciones no gubernamentales (Ong) para ejecutar recur-sos del estado (con la sola excepción del sector salud y por un tiempo perentorio que vence en 2016) se si-guen canalizando fondos públicos utilizando esta modalidad. a la fecha el monto de recursos asigna-dos a Ong asciende a Q4 mil 219.2 millones. POr manuel rOdrÍ[email protected]

Reportaje


Según datos proporcio-nados por el Ministerio de Finanzas Públicas, de

enero de 2011 al 31 de octubre de 2015, el gasto público ejecu-tado por Ministerios y Secreta-rías del Estado a través de ONG, en la modalidad de aportes y convenios, asciende a Q4 mil 219.2 millones.

De acuerdo con la informa-ción, los aportes a ONG se han venido reduciendo desde 2011, cuando la asignación fue de Q1 mil 7 millones 600 mil. En 2012 los aportes bajaron a Q778.4 millones, y en 2013 subieron a Q905.2 millones; nuevamente, en 2014 se redujeron a Q840.3 millones, mientras que hasta octubre de 2015 se habían des-embolsado Q687.7 millones.

Las entidades que más fondos han destinado a ONG en los úl-timos cinco años son el Ministe-rio de Salud, con un total de Q1 mil 918.4 millones; el Ministerio de Comunicaciones, con Q900 millones; Obligaciones a cargo del tesoro, con Q665.2 millones; Educación, con Q305.2 y Agri-cultura, con Q166.5 millones.

Según los datos de Finanzas, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos ha sido la entidad más beneficiada duran-te los últimos cinco años, ya que ha recibido Q1 mil 125.5 millo-nes. En la actualidad, esta enti-dad enfrenta una investigación en el Ministerio Público por irregularidades encontradas por la Contraloría.

Los aportes de fondos públi-

jurídica de asociaciones civiles sin fines lucrativos y vinculados a tareas religiosas como de asis-tencia en materia de infraes-tructura, tecnología agrícola, alfabetización y educación po-pular.

Con el terremoto de 1976 se desarrolló un repunte de estas organizaciones, las cuales se in-volucran en labores de recons-trucción. Con la agudización del conflicto armado, el actuar de las ONG disminuyó.

A finales de la década de 1990, paralelo al proceso de la firma de la paz, el funcionamiento de las ONG tuvo un auge mayor en el marco de las políticas socia-les de descentralización.

Con las reformas del sector salud en 1996, impulsadas re-gionalmente por organismos multilaterales de crédito, entre ellos por el Banco Interamerica-no de Desarrollo (BID), la par-ticipación de las ONG en mate-ria de salud creció, estimulando la participación de entidades privadas en la administración

y prestación de servicios de sa-lud y convirtiéndolas en pres-tadoras o administradoras en el Programa de Ampliación de Cobertura, bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

Sin embargo, las literales e) y f) del artículo 22 del Decreto 101-97 del Congreso, Ley Orgá-nica del Presupuesto, reforma-dos en el artículo 33 bis de la ley en mención, así como los artí-culos transitorios 76 y 77, esta-blecen que por ningún motivo los Ministerios, Secretarías, Fondos Sociales, Fideicomisos, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas, pueden suscribir convenios con admi-nistradoras de fondos financie-ros para la ejecución a través de ONG, Organismos Internacio-nales o Asociaciones.

VACÍOS LEGALESRicardo Barrientos, analista

del Instituto Centroamerica-no de Estudios Fiscales -Icefi-, opina que con estas normas, especialmente el artículo 33 bis

del Decreto 101-97, reformados en el Decreto 13-2013, ninguna entidad del Estado de la admi-nistración central, autónoma o descentralizada, debería con-tratar ONG, a menos que sea un aporte que haya aprobado el Congreso (que está facultado para aprobar aportes directos).

Asimismo, el entrevistado admite que antes de las refor-mas de octubre de 2013 a la Ley Orgánica del Presupuesto y de noviembre a la Ley de Contra-taciones del Estado (Decreto 9-2015), habían vacíos legales para controlar la contratación de ONG. El entrevistado fue parte del ministerio de Finan-zas durante el Gobierno de Ál-varo Colom y Sandra Torres.

Barrientos agrega que debi-do a estos vacíos legales y una gestión “laxa y deficiente” de la Contraloría General de Cuen-tas es que el tema de las ONG se volvió una suerte de “autopista de gran velocidad” para la co-rrupción, especialmente en los Consejos Departamentales de

FOTO LA HORA.


cos para las ONG y Organismos Internacionales en 2016 se pro-yectó en los Q1 mil 572 millo-nes. El listado elaborado por el Ministerio de Finanzas no fue evaluado ni modificado por la Comisión de Finanzas del Con-greso y su detalle tampoco fue incluido en el dictamen de Pre-supuesto.

La diputada Nineth Monte-negro, de la bancada Encuentro por Guatemala, afirma que en el plan de gastos del año entrante, específicamente en el Programa de Inversión Física, Transferen-cias de Capital e Inversión Fi-nanciera (más conocido como Listado Geográfico de Obras), se asignaron Q13 mil 317 millo-nes para obras, 6 por ciento me-nos de lo que se asignó para el 2015. No obstante, le preocupa que el 69 por ciento de estos re-cursos se ejecute de forma dis-crecional.

“Un cincuenta por ciento se ejecutará por medio de munici-palidades que se amparan en la autonomía municipal para no entregar información pública. Otro dieciséis por ciento será manejado por los Consejos Co-munitarios de Desarrollo (Co-codes) que tienen estipulado ha-cerlo mediante Organizaciones no Gubernamentales (ONG), las cuales han sido cuestionadas en diferentes oportunidades. Por último, un tres por ciento a tra-vés de fideicomisos que duplican el trabajo con los Ministerios”, explica la congresista.

Es por ello que la parlamenta-ria insta a la CGC para que fisca-lice correctamente a las empresas y ONG que ejecuten obra gris y los fideicomisos que no utilizan la Ley de Contrataciones.

INICIOS Y RESTRICCIONESEn Guatemala, la denomina-

ción de ONG aparece en el or-denamiento jurídico en 2003, con la aprobación de la Ley de las Organizaciones No Gu-bernamentales de Desarrollo (ONG), Decreto número 2-2003 del Congreso de la República.

Sin embargo, este tipo de or-ganizaciones existen aproxi-madamente desde la década de 1950, amparadas bajo la figura




en Salud y Educación.“Aunque concuerdo en que

antes existían vacíos legales que impedían que nuestra labor no fuera más efectiva, ahora afor-tunadamente, la fiscalización de las ONG se van a intensifi-car más con las reformas recién aprobadas. Personalmente voy a examinar cada una de las asig-naciones este año para evitar que estas instituciones sigan ha-ciendo obra gris, que es a lo que me he opuesto siempre”, enfati-za Mencos.

En cambio, para Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, no existe un mecanismo de fiscalización que garantice el uso transparente de los fondos concedidos a las ONG y que cumplan con los re-sultados propuestos.

Según el investigador, es evi-dente que hay limitaciones de orden institucional así como ca-rencia de recursos para mejorar los controles sobre la ejecución y los resultados del desempeño de las ONG, ya que la asigna-ción del gasto a través de esta herramienta no se realiza en base a criterios técnicos, lo cual impide seguir la pista al dinero público como corresponde.

“Es importante empezar a romper el molde de corrupción mediante estos instrumentos que en la mayoría de los casos, solo sirven para estafar al Es-tado. Solo con una mayor au-ditoría social estricta y presión mediática sobre la Contraloría

General de Cuentas, es que se va a velar por la aplicación estricta de la legislación nueva”, subraya el académico.

En las modificaciones hechas a la Ley de Contrataciones del Estado, uno de los principales puntos acordados es que los fondos públicos que ejecuten las ONG, asociaciones legalmente constituidas o cualquier Orga-nismo Regional o Internacional, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas por el monto de los re-cursos anticipados y ejecutados.

Para tal fin, deberán propor-cionar al mencionado ente fisca-lizador toda la documentación e información que se les requiera.

COMPLICACIONES EN SALUD

Debido a denuncias de anoma-lías y supuesto incumplimiento de funciones de los trabajadores de las mismas, en diciembre de 2014 empezaron a ser liquida-dos más de 300 convenios con 60 ONG que prestaban servicios en la extensión de cobertura del primer nivel de atención en las áreas de salud del país.

La Copret denunció que el MSPAS suscribió más de 300 convenios con 60 ONG que ex-cedieron en Q142 millones su disponibilidad para ese rubro, pues comprometió Q417 millo-nes, pero el techo máximo para el programa de extensión era de Q275 millones.

Las ONG fueron contratadas

a inicios del actual Gobierno para brindar servicios de aten-ción primaria, con énfasis en el plan del Pacto Hambre Cero y la Ventana de Oportunidades de los Mil Días, estrategias insignes de la administración del expre-sidente Otto Pérez Molina para combatir la desnutrición.

Consultado sobre esta situa-ción, el responsable de la carte-ra, Mariano Rayo, expresa que esta decisión fue tomada por autoridades anteriores, pero que generó que el Ministerio duran-te 2015, no haya tenido la capa-cidad de suplir la atención en el nivel primario, lo que en parte también desencadenó la actual crisis hospitalaria.

“En este momento, solo hay dos soluciones. La primera es contar con más personal técni-co que supla lo que dejaron de hacer las ONG. Y eso representa unos Q350 millones adicionales que no tenemos. La otra opción es buscar un nuevo mecanismo que supla el trabajo del PEC, pero eso sí ya es un tema de fondo que en la transición no es fácil, sobre todo que ya esta-mos por cerrar la ejecución del presupuesto asignado este año”, comenta el funcionario.

OTROS CASOSEn mayo de 2015, La Hora pu-

blicó que el matutino Siglo.21 no recibe aportes de fondos pú-blicos, pero estos sí llegan hasta ONG que tienen acciones en la casa matriz de ese medio.

El 2 de enero de 2013, el matu-tino Siglo.21 expuso en un edito-rial el nombre de los que enton-ces serían los nuevos accionistas de Corporación de Noticias S.A., la casa matriz de ese diario y de AlDía, dos medios de co-municación guatemaltecos con circulación impresa y digital.

La Federación de Cooperati-vas de las Verapaces (Fedeco-vera), la Federación de Coope-rativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag), el Instituto de In-vestigación y Desarrollo Maya (Iidemaya) y el Consejo de In-vestigaciones para el Desarrollo (Cideca) son los nombres que figuraron con participaciones en la empresa matriz.

En esa publicación, de hace dos años, Corporación de No-ticias S.A. dejó en claro que “rechaza cualquier presión de personas, gobiernos naciona-les o locales, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses…”.

En términos oficiales, el Go-bierno no tiene participación ni influencia en el diario, pero sí tiene una incidencia económica directa sobre dos de los socios que se sumaron como accionis-tas de la casa editora.

Según informes del Ministe-rio de Finanzas Públicas, entre 2012 y 2014, Fedecovera recibió Q 37.1 millones de recursos del Estado y Fedecoag obtuvo Q18.2 millones entre 2011 y 2014.

Con sede en Cobán, Alta Ve-rapaz, la Federación de Coope-rativas de las Verapaces (Fede-covera, R.L.) es una organiza-ción cooperativa autónoma fun-dada el 23 de febrero de 1976. “Hemos contribuido a crear un entorno económico positivo con el fin de mejorar los medios de vida de miles de pequeños productores”, señala su portal de internet.

En tanto, Fedecoag es una organización cooperativa es-pecializada en el sector agroin-dustrial, pecuario y comercial, con la visión de convertir a sus afiliadas en un sistema econó-micamente fuerte y socialmente responsable.

Desarrollo.“Si las nuevas disposiciones le-

gales se aplicaran correctamente, esto ya no debería pasar, ya que el control es mucho más comple-to. En adelante es cuestión que la Contraloría General de Cuentas aplique de forma estricta y efi-caz, en especial en municipalida-des y consejos departamentales de desarrollo. Aunque a veces se han criticado fuertemente las re-formas recientes para fortalecer la transparencia, resulta que sí proveen el mecanismo de fisca-lización que hacía falta”, expone el del Icefi.

En cuanto a términos conta-bles y presupuestarios, el citado puntualiza en que el problema es distinguir entre las ONG “buenas” y “malas”, es decir, entre las que continúan sirvien-do a propósitos legítimos y de gran valor social, producto de la ausencia total del Estado, y la ONG contratista, receptora de fondos del presupuesto estatal para construir obras de inver-sión pública en infraestructura.

AUDITORÍA SOCIALTras la aprobación del Pre-

supuesto General de la Nación 2016, el Contralor General, Car-los Mencos, evitó pronunciarse al respecto, ya que indicó, debe revisar los términos del mismo; sin embargo, recalcó que en el tema de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esta-ría a favor de aquellas que tie-nen que ver con la ampliación de cobertura en salud y educa-ción, pero no de obra gris.

El desacuerdo del Contralor con esta forma de ejecución de recursos públicos se debe a la mala experiencia en donde va-rias ONG han dejado abando-nados los proyectos.

Cabe mencionar que previo a la discusión y aprobación del proyecto de gastos, el funciona-rio solicitó al presidente Alejan-dro Maldonado Aguirre, pro-mover acciones conjuntas para eliminar del marco jurídico nacional, la potestad de ejecutar obra gris o programas sociales por parte de ONG, para que únicamente apoyen en progra-mas de ampliación de cobertura

ENTIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALMinisterio de Gobernación 8 5.7 9.5 - 9.5 32.7Ministerio de Finanzas - 0.6 0.1 0.5 - 1.2Ministerio de Educación 43.3 60.9 72.1 72.1 56.8 305.2Ministerio de Salud Pública 309.4 510.7 346.5 347.2 404.6 1918.4Ministerio de Economía 5.1 20.8 44.5 32.7 9.7 112.8Ministerio de Agricultura 27 19.6 36.1 48.4 35.4 166.5Ministerio de Cultura 2.4 2.8 1 - - 6.2Secretarías 3 12.1 3.1 1.4 0.4 20Obligaciones a cargo del Tesoro 255.4 145.2 64.3 64 136.3 665.2Ministerio de Comunicaciones 320 - 300 245 35 900Ministerio de Ambiente 4 - 3 4 - 11Ministerio de Desarrollo - - 25 25 - 50Ministerio de la Defensa 5 - - - - 5Ministerio de Trabajo 25 - - - - 25TOTAL 1007.6 778.4 905.2 840.3 687.7 4219.2

En millones de quetzalesDatos hasta octubre de 2015

aportes a ong 2011 - 2015

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