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Actualidad informativa

19 de junio de 2017

19 de junio de 2017

GIPUZKOA

Depresión y estrés, consecuencias

«invisibles» de la crisis

19 junio 2017

«La desesperanza ha cundido entre las personas que no logran salir de la pobreza»,

afirma José Emilio Lafuente que advierte de las consecuencias «invisibles» de la crisis,

más allá del impacto evidente que ha dejado en forma de más paro y pobreza. «Uno de

los datos es el aumento de patologías relacionadas con la salud mental, como estrés,

ansiedad o depresión». Por eso insiste en que la recuperación económica va a tardar

«mucho tiempo» en permear en el colectivo de personas en exclusión social. «Incluso

para algunas quizá no termine de llegar nunca», advierte. «Una de las cosas más tristes

como sociedad -reflexiona- sería acostumbrarnos a que haya pobreza y a que la demos

por normal. No podemos acomodarnos ni aceptar que haya personas en situaciones de

precariedad, porque las sociedades las construimos entre todos y hay que poner la

prioridad en la persona».

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el

Reglamento de instalaciones de protección

contra incendios

El vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por

el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, contempla todos los aspectos a tener

en cuenta en relación con el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de

protección activa contra incendios. En su ejecución fue aprobada la Orden del

Ministerio de Industria y Energía, de 16 de abril de 1998, sobre normas de

procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

No obstante, la evolución, tanto de la técnica como del marco normativo, hace

imprescindible actualizar y revisar los requisitos establecidos en el citado Reglamento

de instalaciones de protección contra incendios. En concreto, cabe mencionar el

Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo

de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización

de productos de construcción. Asimismo, el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del

Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, establece los requisitos de

acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y

deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,

aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, y el Código Técnico de la

Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, establecen

que el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las

instalaciones de protección contra incendios, así como sus materiales, componentes y

equipos, deben cumplir lo establecido en su reglamentación específica.

Se hace necesario, en consecuencia, establecer las condiciones que deben reunir los

equipos y sistemas que conforman las instalaciones de protección contra incendios

para lograr que su funcionamiento, en caso de incendio, sea eficaz. En este sentido, el

Reglamento de seguridad industrial que, de acuerdo con lo establecido en la Ley

21/1992, de 16 de julio, de Industria, se aprueba por este real decreto se estructura en

dos partes: la primera comprende el Reglamento de instalaciones de protección contra

incendios y la segunda, constituida por tres anexos, contiene las disposiciones

técnicas. El primer anexo establece las exigencias relativas al diseño e instalación de

los equipos y sistemas de protección contra incendios, el segundo el mantenimiento

mínimo de los mismos y el tercero los medios humanos mínimos con que deberán

contar las empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones de protección

contra incendios.

Por otra parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, no solo prevé los Reglamentos de

seguridad industrial, sino que define el marco en el que ha de desenvolverse la

seguridad industrial, estableciendo los instrumentos necesarios para su puesta en

aplicación, de conformidad con las competencias que corresponden a las distintas

Administraciones públicas. Así, el artículo 12.5 de la referida Ley de Industria establece

que: «Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el

Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con

competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre

las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio».

Por otra parte, también cabe citar el artículo 12.1.e) del mismo texto legal, que, en

relación con el contenido de los Reglamentos de seguridad industrial, prevé que

podrán establecer: «Cuando exista un riesgo directo y concreto para la salud o para la

seguridad del destinatario o de un tercero, la exigencia de suscribir seguros de

responsabilidad civil profesional por parte de las personas o empresas que

intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y

mantenimiento de instalaciones y productos industriales. La garantía exigida deberá

ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto».

Además, de conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y el artículo 12.1.b) de

la Ley de Industria, el Reglamento aprobado por este real decreto establece un

régimen de declaración responsable previa al inicio de la actividad de las empresas

instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios,

justificado por razones de orden público, seguridad, salud pública y protección al

medioambiente.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la

Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre bases

y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sin perjuicio de

las competencias de las comunidades autónomas en materia de industria.

Esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter

marcadamente técnico, por lo que la ley no resulta el instrumento idóneo para su

establecimiento y se encuentra justificada su aprobación mediante real decreto.

En la fase de proyecto, este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia que

prescribe la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como al

procedimiento de información de normas y reglamentaciones técnicas y de

Reglamentos relativos a la sociedad de la información, regulado por Real Decreto

1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la

Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada

por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 julio de 1998 y

en la más reciente Directiva (UE) 2015/1535, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en

materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la

sociedad de la información.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, con la

aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el

Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día

19 de mayo de 2017.

2. Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años

desde su puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán

someterse a la primera inspección en los siguientes plazos máximos:

a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año.

b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el

plazo de dos años.

c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el

plazo de tres años.

'Empresas Sanas', la campaña con la que Unión de Mutuas busca reducir el absentismo laboral Unión de Mutuas quiere convertir los entornos laborales en espacios 'saludables y confortables'

Bajo el lema 'Invertir en salud es rentable', Unión de Mutuas ha puesto en marcha la campaña 'Empresas Sanas' con el objetivo de promover e integrar el valor de la salud entre sus empresas asociadas, trabajadores protegidos y autónomos adheridos. Asimismo, la iniciativa busca mejorar el cuidado de la salud y el bienestar de las personas y de las organizaciones, incidiendo tanto en la protección de la salud como en el desarrollo de las habilidades y manejo de las emociones para prevenir los riesgos psicosociales. La campaña 'Empresas Sanas' de la Unión de Mutuas, cuya finalidad es colaborar en la reducción del absentismo mejorando la salud de los trabajadores, se extiende a lo largo de todo el año y facilita conocimientos y consejos sobre hábitos de vida relevantes para la salud y el bienestar físico y psicológico de las personas. Junto con la realización de jornadas informativas, la campaña también incluye la publicación y edición de guías, manuales y carteles divulgativos cuyo eje son la difusión y la promoción de una adecuada alimentación, el ejercicio físico, así como el perjuicio del consumo de sustancias nocivas, las alteraciones del descanso y las consecuencias de no prevenir los factores de riesgo cardiovascular, como es la obesidad, el colesterol, la arteriosclerosis o el sedentarismo. Asimismo, dentro de las actividades, también se encuentra el asesoramiento para la integración en las empresas de los valores esenciales del modelo de empresa saludable, junto con la organización de jornadas formativas y de sensibilización sobre los beneficios que aporta la humanización de los entornos laborales. El Responsable de Prevención de la mutua, Emilio Gómez, ha manifestado que con esta campaña, Unión de Mutas quiere contribuir a “convertir los entornos laborales en espacios saludables y confortables en los que el principal activo sean las personas”.

Son numerosos los estudios que demuestran que “los hábitos saludables influyen en la motivación y la reducción del absentismo de los trabajadores y fortalecen la sostenibilidad y la productividad empresarial”, ha señala Gómez. Asimismo, ha recordado que Unión de Mutuas está certificada como Empresa Saludable, desde 2014, de acuerdo con el modelo de AENOR y como tal, tiene implantado en su sistema de gestión un modelo basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , según la cual “la salud es el estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad”.

Junta invierte 115.000 euros en

retirar amianto en centros de Aguilar

de la Frontera y Palma del Río

IES Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera (EUROPA PRESS/JUNTA DE

ANDALUCÍA)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de

Educación (APAE), ha hecho pública la adjudicación de las obras de retirada

de placas de fibrocemento del Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente

Núñez de Aguilar de la Frontera y el Colegio de Educación Infantil y Primaria

(CEIP) Antonio Carmona Sosa de Palma del Río, en la provincia de Córdoba,

actuaciones de las que se beneficiarán más de 770 escolares y que suponen

una inversión conjunta de 115.509,63 euros.

Según detalla la Junta en un comunicado, la obra en el IES Vicente Núñez será ejecutada por la empresa Arditec 2000 SLL con un presupuesto de 65.945 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La intervención consistirá en la retirada de cerca de 600 metros cuadrados de cubiertas que contienen placas de fibrocemento en el gimnasio del centro y el taller de automoción, y su posterior sustitución por paneles de tipo sándwich. Asimismo, se cambiarán los bajantes de aguas pluviales por unos de PVC. Esta actuación beneficiará a más de 460 alumnos matriculados en el instituto. En el caso del CEIP Antonio Carmona Sosa de Palma del Río se abordará también la eliminación de placas de fibrocemento existentes en el gimnasio y edificio de aulas, y su posterior sustitución por unas placas de tipo sándwich. Asimismo, se procederá a desmontar los bajantes pluviales e instalar unos nuevos de PVC y a reparar las humedades del gimnasio. Los trabajos, que mejorarán las condiciones de más de 310 niños, cuentan con una inversión de 49.564,63 euros y serán desarrollados por Construcciones Antroju SL en un plazo previsto de un mes y medio. Ambas actuaciones se enmarcan en la planificación para la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras educativas aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 5 de julio de 2016, que ejecuta la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros hasta el año 2022.

INFORMAZIO TEKNIKO ETA ZIENTIFIKOA

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INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

“Insuficiencia venosa crónica en trabajadores sin factores de riesgo que

permanecen horas prolongadas en bipedestación”

Resumen:

La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una patología prevalente en la sociedad

actual. Los problemas derivados de ella, son una causa importante de gasto

económico y absentismo laboral. Las condiciones laborales actuales, como jornadas

de larga duración, con largas horas en bipedestación, inadecuada carga de pesos y

malas condiciones de humedad y temperatura, contribuyen al desarrollo de esta

patología.

En este trabajo se ha realizado una revisión sistemática de la bibliografía existente

en relación a la insuficiencia venosa crónica y el tiempo en bipedestación de las

jornadas laborales. Para determinar el nivel de evidencia de los estudios evaluados,

se han seguido los criterios del Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).

En particular, se ha concluido que existe una asociación significativamente positiva

entre el tiempo prolongado en bipedestación y el riesgo de padecer insuficiencia

venosa crónica.

“Calidad de vida relacionada con la salud y trabajo en la epilepsia”

Resumen:

Introducción: En la monitorización de salud de la población, a medida que se

controla la mortalidad prematura, van ganando terreno los indicadores de "Calidad

de Vida" en detrimento de los "Cantidad de Salud". Los instrumentos de medida de

Calidad de Vida Relacionados con la Salud (CVRS), pueden ayudar a valorar la

aptitud de los trabajadores epilépticos. Conclusión: No se puede concluir que los epilépticos que trabajan tienen una

mejor CVRS que los que no trabajan. Existen sesgos importantes de selección e

información, además de diferencias culturales y sociales. Medidas de CVRS podrían

ayudar, a la hora de valorar la aptitud de los enfermos epilépticos en el trabajo.